Los gobiernos de todo el mundo aprietan el cerco sobre la criptografía
La guerra contra la criptografía ha entrado en una nueva fase. En los últimos dos años, los gobiernos de democracias liberales — Canadá, Reino Unido, Australia y varios países europeos — han avanzado con legislación que, en la práctica, exige que las empresas de tecnología creen mecanismos de acceso obligatorio a los datos de los ciudadanos. El resultado es un mundo donde la criptografía de extremo a extremo, considerada durante décadas el estándar de oro de la seguridad digital, está siendo minada sistemáticamente por presión política, órdenes judiciales secretas y legislación ambigua.
En Canadá, el Proyecto de Ley C-22, sancionado como la Ley de Acceso Legal de 2026, otorga al gobierno federal y al CSIS (Agencia de Inteligencia de Seguridad de Canadá) la autoridad para emitir "órdenes de capacidad técnica" que pueden obligar a los proveedores de servicios a permitir el acceso a datos digitales, incluida la retención de metadatos por hasta un año. Aunque el Ministerio de Seguridad Pública afirmó en su testimonio ante el Comité Parlamentario que la ley es "neutra con respecto a la criptografía" y que no obliga a las empresas a romper contraseñas, los críticos del sector —incluida la Asociación de Abogados Canadiense (CBA)— advierten que la ley permite al gobierno exigir que las empresas construyan capacidades de acceso antes de que los datos sean encriptados, lo que contorna la protección que la criptografía debería ofrecer.
La reacción de las empresas fue inmediata. Apple y Meta criticaron públicamente la legislación. DuckDuckGo y NordVPN dijeron que considerarían retirar sus servicios de Canadá. Signal, por su parte, afirmó en un comunicado que no sería forzado a degradar su sistema de cifrado, ya que nunca posee las claves de desencriptación. Pero el silencio de las empresas es cada vez más difícil de mantener cuando los gobiernos emiten órdenes secretas con validez global.
En el Reino Unido, la situación es aún más dramática. En enero de 2025, el Home Office emitió una Technical Capability Notice (TCN) contra Apple, exigiendo que la empresa proporcionara capacidad técnica para acceder a datos cifrados en iCloud. Apple respondió en febrero de 2025 retirando completamente el servicio Advanced Data Protection (ADP) del mercado británico. En octubre de 2025, el gobierno británico emitió una segunda TCN más restringida, enfocada solo en usuarios del Reino Unido. En agosto de 2026, la directora de inteligencia estadounidense Tulsi Gabbard reveló que el Reino Unido había concordado abandonar la exigencia de acceso a datos de ciudadanos estadounidenses, pero la presión sobre usuarios británicos continuó.
Lo que hace el caso británico especialmente preocupante es el sigilo absoluto. El gobierno británico invocó la política de "ni confirmar ni negar" (NCND) para proteger secretos de inteligencia, impidiendo que Apple discutiera el caso incluso con el Congreso estadounidense. Cuando un juez del Tribunal de Poderes Investigativos cuestionó si esta política era sostenible, el procurador del gobierno admitió que no podría explicar el caso sin revelar secretos nacionales.
Australia ya estaba en este camino desde 2018, con la Telecomunications and Other Legislation Amendment (Assistance and Access) Act — conocida como TOLA. La ley australiana fue la primera en el mundo en crear un régimen formal de órdenes de capacidad técnica que pueden obligar a los proveedores a "construir una nueva capacidad" para acceder a comunicaciones cifradas. Críticos, incluyendo el Digital Industry Group Inc., argumentan que en la práctica esto equivale a backdoors forzadas: si un proveedor de mensajes es obligado a crear un mecanismo de acceso, ese mecanismo inevitablemente crea una vulnerabilidad explotable por hackers o estados hostiles.
Lo que conecta todos estos esfuerzos es una lógica compartida: los gobiernos creen que el acceso a datos cifrados es esencial para combatir terrorismo, crimen organizado y actividades hostiles. Pero la comunidad de ciberseguridad responde con unánime acuerdo: no existe cifrado con backdoor. Si una vulnerabilidad es creada para que autoridades legales puedan acceder, la misma vulnerabilidad será descubierta y explotada por criminosos. Como demostró el caso del Clipper Chip en los años 90, cualquier sistema de acceso gubernamental se convierte, inevitablemente, en un riesgo de seguridad.
La pregunta que permanece en el aire es cuántos países más serán necesarios antes de que los ciudadanos se den cuenta de que la pérdida fue irreversible.
Fuentes: WIRED, CBC News, Computer Weekly
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