El DHS emitió 185.000 multas administrativas sin orden judicial — y nadie vigila
El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) y su brazo de ejecución, el ICE (Inmigración y Control de Fronteras), emitieron al menos 185.000 multas administrativas desde enero de 2025. La cifra, revelada en un documento judicial presentado en demanda por la Freedom of Information Act (FOIA) presentada por la Electronic Frontier Foundation (EFF), equivale a casi una multa por hora — y lo que hace que estos documentos sean particularmente alarmantes es que no requieren aprobación judicial ni necesitan especificar los datos exactos que buscan.
¿Qué son las multas administrativas?
Las multas administrativas del DHS derivan de una ley de 1879 (19 U.S.C. § 1509) que originalmente autorizaba al gobierno a recopilar información sobre aranceles aduaneros e importaciones. En teoría, era una herramienta de auditoría comercial — nada relacionado con la seguridad nacional o la vigilancia doméstica. Pero desde principios de 2025, el ICE ha estado utilizando estas multas para solicitar datos personales sobre ciudadanos estadounidenses a empresas de tecnología, plataformas sociales y proveedores de internet, sin pasar por un juez.
La distinción es fundamental. Una multa judicial requiere que un juez revise la relevancia y el alcance de la solicitud antes de emitirla. Una multa administrativa no. La empresa receptora puede impugnarla, pero el DHS habitualmente retira estas multas antes de que cualquier tribunal pueda dictaminar sobre su legalidad — lo que significa que ningún juez ha validado jamás el uso de esta autoridad en este contexto. Como dijo Aaron Mackey, director jurídico adjunto de la EFF: "No hay supervisión judicial. No hay límite. No hay registro público."
¿Quiénes han sido blanco?
Los documentos de la EFF muestran que las multas fueron dirigidas a usuarios anónimos o pseudónimos en Google, Meta, Reddit y Discord. Los blancos incluyen páginas comunitarias que monitoreaban operaciones del ICE, usuarios que compartían información sobre operaciones de aplicación de inmigración, asistentes a protestas políticas y personas que enviaron correos electrónicos directamente a funcionarios del DHS. El caso más documentado involucra a "Jon Doe," un hombre de 67 años que envió un correo electrónico criticando a un abogado del DHS después de leer un artículo del Washington Post. Cuatro horas después, el DHS emitió una multa a Google buscando registros de suscriptor, datos financieros, número de Seguridad Social y dirección. Dos agentes del DHS y un policía aparecieron en su casa para interrogarlo.
En otro caso, el DHS emitió dos multas a la Universidad de Columbia para obtener información sobre un estudiante internacional que participaba en protestas contra la política de inmigración. En 2026, legisladores conservadores en el Congreso también utilizaron la misma autoridad para solicitar registros de conductores en varios estados, resultando en una demanda colectiva impugnando al DHS por violaciones de la Privacy Act y la Driver's Privacy Protection Act.
El impacto en el mundo real
Para el ciudadano promedio, la implicación es directa: cada cuenta que tiene — en una red social, proveedor de internet, servicio de pago o minorista — es potencialmente un blanco silencioso para solicitudes de datos gubernamentales. Y la empresa puede estar legalmente prohibida de informarle. Las multas administrativas contornan efectivamente la Cuarta Enmienda al eliminar el requisito de orden judicial que sería necesario para cualquier recopilación de información equivalente por parte de la aplicación de la ley.
La ACLU demandó al DHS en nombre de "Jon Doe" y otros dos ciudadanos, consiguiendo la retirada de dos multas después de desafíos legales — pero ninguno de esos casos resultó en una decisión judicial sobre la legalidad sustantiva. El DHS nunca ha explicado públicamente por qué emitió cualquier multa dada. La secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, declaró solo que la multa contra Doe "era parte de una investigación criminal," sin detalles.
La respuesta política
El senador Ron Wyden (D-Oregón), uno de los mayores críticos de la expansión de vigilancia post-9/11, caracterizó los 185.000 documentos como un "programa de vigilancia doméstica en red de arrastre" e introdujo legislación que impondría límites a las multas administrativas del DHS. Hasta la fecha, sin embargo, ninguna legislación ha sido aprobada. El Proyecto On Government Oversight (POGO) solicitó formalmente que el Inspector General del DHS investigara el uso de multas para obtener información de periodistas, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro.
¿Qué viene después?
La pregunta no es solo el número — es la estructura. Mientras las multas administrativas del DHS permanezcan sin supervisión judicial, el gobierno puede recopilar vastas cantidades de información sobre ciudadanos sin ninguna decisión judicial de mérito. La EFF continúa litigando solicitudes de FOIA para registros internos del DHS sobre quién autoriza cada multa y con qué frecuencia son retiradas antes del juicio. Hasta que eso cambie, el sistema de controles y equilibrios diseñado para proteger a los ciudadanos contra abusos del poder gubernamental está, en la práctica, ausente.
Fuentes: WIRED, Electronic Frontier Foundation, ACLU
✓ Fuentes independientes cruzadas y verificadas antes de la publicación
