El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha asumido la supervisión de cómo OpenAI patrocina las green cards de sus empleados. En un acuerdo anunciado por la División de Derechos Civiles, OpenAI y su antigua filial Statsig aceptaron pagar 3,2 millones de dólares y quedar bajo tres años de supervisión federal de sus prácticas de contratación. La investigación concluyó que la empresa no hizo un intento significativo de contratar ciudadanos estadounidenses antes de solicitar la residencia permanente para empleados con visados de trabajo.
El caso gira en torno al proceso de certificación laboral conocido como PERM. Cuando una empresa quiere patrocinar la green card de un empleado, debe demostrar ante el Departamento de Trabajo que no encontró a un trabajador estadounidense cualificado y disponible para el puesto. La acusación del DOJ es que OpenAI y Statsig desalentaron activamente a los candidatos estadounidenses para esas posiciones, favoreciendo a los empleados ya contratados con visados temporales. La empresa niega las acusaciones, pero aceptó ajustar sus políticas y pagar la multa sin admitir irregularidades.
Este es uno de los casos más emblemáticos de la "Protecting U.S. Workers Initiative", un programa que el DOJ relanzó en 2025 bajo la administración Trump para reprimir la discriminación por estatus de ciudadanía en el proceso de patrocinio de visados y green cards. OpenAI es la decimotercera empresa que llega a un acuerdo bajo esa iniciativa. El hecho de que el objetivo sea la empresa de IA más famosa del mundo otorga al caso un peso simbólico enorme: es el mensaje de que ninguna empresa, por poderosa o estratégicamente importante que sea, es inmune al escrutinio.
Para OpenAI, el momento es delicado. La empresa depende en gran medida del talento técnico global y ya enfrenta un entorno ferozmente competitivo por ingenieros de IA. Que su proceso de inmigración quede bajo escrutinio federal puede dificultar la atracción de profesionales extranjeros, que pueden ver a OpenAI como un destino más arriesgado para el patrocinio de visados. Al mismo tiempo, la multa de 3,2 millones de dólares es pequeña para una empresa valorada en cientos de miles de millones — el coste real está en los tres años de supervisión y en la vergüenza reputacional.
Hay una lectura más amplia para el sector. La iniciativa del DOJ envía una señal clara a todo Silicon Valley: los procesos de PERM y de patrocinio de green cards, históricamente vistos como un formalismo, ahora son objetivo de un escrutinio activo. Las empresas tecnológicas que dependen de visados H-1B y de trabajadores extranjeros tendrán que revisar cómo llevan a cabo las búsquedas de candidatos estadounidenses. Para el trabajador estadounidense, es una victoria potencial en un debate políticamente cargado sobre la inmigración cualificada y sobre si las empresas tecnológicas intentan realmente contratar en el país antes de buscar mano de obra importada.
La pregunta que queda es cómo navegará OpenAI el equilibrio entre la necesidad de talento global y la supervisión federal. La empresa puede responder de dos maneras: endureciendo su proceso de contratación para demostrar buena fe, o reduciendo el patrocinio de visados para evitar fricciones — lo que sería irónico, pues limitaría el acceso al mismo talento que la hizo líder. El desenlace revelará si la industria de la IA se adapta a la nueva realidad regulatoria o intenta sortearla.
Fuentes: TechCrunch, US Department of Justice, Financial Express
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