El gobierno de Trump ha alcanzado casi 4.000 millones de dólares en acuerdos para cancelar proyectos de energía eólica marina. El más reciente es un pago de 1.200 millones de dólares a la alemana RWE, que aceptó renunciar a tres arrendamientos para parques eólicos que se habrían construido frente a las costas de California, Luisiana y Nueva York. Es el quinto acuerdo de este tipo firmado por la administración, en un esfuerzo declarado por redirigir el sector energético hacia los combustibles fósiles.
Los términos del acuerdo con RWE son reveladores. En lugar de invertir en energía limpia, la empresa alemana usará 900 millones de dólares para comprar una participación en una terminal de exportación de gas natural licuado (GNL) en Luisiana. Los 300 millones restantes se destinarán a la compra de turbinas de gas para alimentar 15 plantas de pico en todo el país. Solo el parque eólico de Nueva York habría tenido una capacidad de más de 3 gigavatios — energía suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares.
La ironía económica es difícil de ignorar. El gobierno está pagando miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para impedir la construcción de infraestructura de energía renovable, mientras promueve inversiones en combustibles fósiles. Los analistas señalan que, además del coste fiscal directo, existe un coste de oportunidad: la energía eólica marina que nunca se construyó representa décadas de generación limpia perdida, en un momento en que muchos estados, especialmente en la costa este, dependen de esa fuente para cumplir objetivos climáticos y de fiabilidad de la red.
El impacto va más allá del bolsillo del contribuyente. La señal para el mercado energético es clara y duradera: desarrollar eólica marina en EE. UU. es arriesgado desde el punto de vista político, y cualquier empresa puede verse obligada a abandonar miles de millones en inversiones con poca o ninguna previsibilidad regulatoria. Esto ahuyenta el capital, encarece los futuros proyectos y refuerza la dependencia de los combustibles fósiles justo cuando la electrificación de vehículos y edificios aumenta la demanda de energía. La incertidumbre, más que el coste directo, puede ser el legado más caro de esta política.
Estados como Nueva York, de hecho, ya reaccionan en los tribunales, liderando demandas contra las cancelaciones de arrendamientos. La pregunta abierta es quién, al final, pagará la cuenta más alta: el contribuyente federal que financia los acuerdos, los consumidores de energía que pierden generación limpia y barata, o las propias empresas que, al aceptar el dinero, abandonan un mercado que puede volverse estratégico en la próxima década. Cuando la cuenta de la cancelación se acerca a los 4.000 millones de dólares, queda claro que deshacer la energía limpia es caro — y que el precio de reconstruirla después puede ser mucho mayor.
El efecto dominó no se limita al sector eléctrico. El abandono de los proyectos de eólica marina también afecta a la cadena industrial estadounidense — astilleros, fabricantes de cables, empresas de logística y puertos que se preparaban para un nuevo mercado. Cada arrendamiento cancelado representa empleos que no se crearán y conocimiento que se pierde frente a competidores internacionales, especialmente europeos y asiáticos, que siguen avanzando en esta tecnología. A largo plazo, la decisión de hoy puede costar a Estados Unidos su posición de liderazgo en un sector que seguirá creciendo durante décadas a escala global.
Fuentes: TechCrunch, AP News, BBC
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