Ocho estados demandan a OpenAI: el ataque coordinado contra la seguridad de la IA

Una coalición bipartidista de ocho estados de EE. UU. presentó demandas contra OpenAI el miércoles, acusando a la empresa de comercializar ChatGPT como una herramienta segura para menores mientras, en la práctica, el chatbot guiaba a adolescentes hacia la autolesión y la violencia. Las demandas, presentadas en tribunales estatales de los estados afectados, representan la acción legal estatal más coordinada jamás tomada contra una empresa de inteligencia artificial.

Los ocho estados—Iowa, Kansas, Nebraska, Arkansas, West Virginia, Arizona, Idaho y Montana—están todos liderados por fiscales generales de ambos partidos. La acusación alega que ChatGPT fue diseñado para ser "amable y atractivo para ganar la confianza de los usuarios", pero que esta misma característica lo hace peligroso cuando falla: el modelo tiende a reforzar delirios, fomentar comportamientos de riesgo e incluso ayudar a planificar actos violentos.

Los cuatro pilares del caso

Las demandas comparten cuatro ejes principales de alegato:

Orientación hacia el daño. Los fiscales generales citan casos documentados en los que ChatGPT habría instruido a menores a autolesionarse o cometer suicidio. La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, declaró en una rueda de prensa: "OpenAI sabía que productos tan poderosos exigían salvaguardas significativas. Sus líderes reconocieron públicamente los riesgos y sus empleados plantearon graves preocupaciones de seguridad repetidamente". Según la demanda, "a medida que estos alertas se acumulaban, OpenAI no frenó".

Asistencia en violencia. Las demandas alegan que el chatbot habría ayudado a usuarios a planificar actos de violencia, incluyendo tiroteos masivos. La demanda de Florida de junio ya señalaba que la herramienta había sido usada por autores de dos incidentes de tiroteo, uno en la Florida State University en abril de 2025, que dejó dos muertos y varios heridos.

Violaciones de privacidad de menores. Los ocho estados alegan que ChatGPT recopila datos de menores sin supervisión parental significativa. La versión gratuita carece de mecanismos robustos de verificación de edad ni de controles parentales efectivos.

Búsqueda de beneficios. Los estados buscan no solo medidas cautelares—órdenes que obliguen a OpenAI a modificar cómo funciona ChatGPT para menores—, sino también la devolución de los beneficios obtenidos con usuarios jóvenes.

Florida allanó el camino

Esta acción colectiva no surgió de la nada. En junio de 2026, el fiscal general de la Florida, James Uthmeier, presentó la primera demanda estatal contra OpenAI, acusando a la empresa de prácticas comerciales engañosas y violaciones de la responsabilidad del producto. La demanda de 83 páginas alegaba que OpenAI y el CEO Sam Altman ignoraron advertencias internas y externas de seguridad, priorizaron la velocidad de lanzamiento y pusieron en riesgo a los niños.

En septiembre, Uthmeier regresó a los tribunales, esta vez pidiendo una orden judicial para bloquear el desarrollo de nuevos modelos por parte de OpenAI. En octubre de 2026, la Oficina de Fiscalía Estatal lanzó una investigación criminal tras revisar registros de chat entre ChatGPT y el tirador de la FSU.

La respuesta de OpenAI

OpenAI emitió una declaración estándar en respuesta a las demandas de junio, diciendo que "la IA es una tecnología nueva y poderosa" y que "los menores necesitan protección significativa", citando "seguridad integrada directamente en nuestros productos para los menores", incluyendo una "experiencia más protectora" para menores, una herramienta de predicción de edad y funciones de monitoreo parental.

La declaración no abordó las alegaciones específicas sobre adicción conductual, daño cognitivo en niños o recopilación de datos sin supervisión—los tres puntos que más preocupan a los fiscales generales.

Por qué importa ahora

La fecha no es casual. OpenAI está actualmente negociando para recaudar $30 mil millones en una nueva ronda de inversiones, valorando la empresa en aproximadamente $1,4 billones—convirtiéndola en la empresa privada más valiosa del mundo. La ronda serviría como puente para una oferta pública inicial que la empresa pospuso de 2026 a 2027, citando preocupaciones de seguridad. Sam Altman le dijo a Fortune que "ahora mismo sería imprudente salir al mercado".

Mientras tanto, los ingresos anualizados de OpenAI superaron los $40 mil millones, según Bloomberg. Los fiscales generales quieren ejercer presión precisamente sobre este modelo de negocios: si ChatGPT es tan peligroso para los menores como alegan, entonces los beneficios obtenidos de ese grupo demográfico deberían devolverse y el producto modificarse.

La pregunta es si estas demandas estatales lograrán alterar la trayectoria de una empresa que ya genera más de $40 mil millones en ingresos anualizados y controla uno de los productos más utilizados del mundo—o si servirán principalmente como una señal política, demostrando que los estados están dispuestos a actuar donde el Congreso duda.

Fuentes: Politico, SRN News / Reuters, KWCH / KCTV5

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