El estado estadounidense de Montana dio un paso importante el jueves para consolidar su plan de convertirse en un polo de medicina experimental. La expansión de la ley de "right to try" — el derecho de los pacientes terminales a acceder a tratamientos aún no aprobados por la FDA — entró en una nueva fase, con las primeras terapias a punto de ser revisadas por los comités creados para analizarlas. En mayo de 2025, el gobernador sancionó la ley que permitió a las clínicas ofrecer tratamientos no aprobados por la agencia reguladora estadounidense, y ahora el engranaje regulatorio local empieza a girar.
La idea detrás de la legislación es seductora en la superficie. Los pacientes con enfermedades graves y sin opciones aprobadas tendrían la oportunidad de probar algo experimental, bajo supervisión de un comité de revisión creado específicamente para eso. Los defensores argumentan que la burocracia de la FDA, por bienintencionada que sea, cuesta tiempo que los pacientes terminales simplemente no tienen. Para ellos, la autonomía individual de arriesgar el propio cuerpo debe prevalecer sobre la protección paternalista del Estado.
Pero el diseño de Montana va mucho más allá del derecho de un paciente individual a buscar una terapia. La ley de 2025 creó un licenciamiento para "centros de tratamiento experimental" — esencialmente, una infraestructura comercial para vender tratamientos no aprobados. Es la diferencia entre permitir que alguien arriesgue su propia vida y crear un mercado donde las empresas tienen incentivo financiero para vender productos sin las pruebas de seguridad y eficacia que definen la medicina moderna. eso el apodo de "Viejo Oeste" se le quedó pegado al proyecto.
El caso plantea una tensión central que va mucho más allá de Montana. La historia de la medicina está llena de tratamientos que parecían prometedores y luego resultaron inútiles o dañinos — y la FDA existe precisamente para filtrarlos. Al mismo tiempo, el sistema tiene fallas reales: las enfermedades raras son descuidadas, y los pacientes terminales a menudo solo conocen alternativas cuando ya es tarde. El "right to try" intenta corregir un dolor legítimo, pero al hacerlo apuesta a que el riesgo individual es una moneda aceptable para pagar la cuenta de un sistema que aún no sabe distinguir la esperanza de la charlatanería.
La pregunta que queda es qué sucede cuando la primera muerte vinculada a uno de estos centros se convierte en titular nacional — o cuando, por el contrario, un paciente tratado en Montana se cura de algo que la medicina oficial consideraba incurable. En ambos escenarios, la experiencia informará cómo otros estados, y quizás otros países, ven el equilibrio entre autonomía individual y regulación. Montana se ha convertido, lo quiera o no, en un experimento de laboratorio sobre los límites de la medicina liberalizada.
Vale la pena recordar que Montana no es un caso aislado, sino el más radical de una ola que se extiende por varios estados estadounidenses, cada uno con su propia versión de ampliar el acceso a terapias no aprobadas. Lo que distingue al modelo de Montana es la institucionalización: no se trata solo de permitir, sino de crear un ecosistema con centros licenciados y comités de revisión, lo que otorga una pátina de legitimidad a un proceso que en otros lugares se trata como una excepción puntual. Los defensores ven en esto la democratización del acceso; los críticos, un aflojamiento peligroso de los estándares de seguridad que protegen precisamente a los pacientes más vulnerables. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio — y por eso Montana funciona tan bien como caso de estudio de lo que sucede cuando una sociedad decide priorizar la autonomía individual sobre el consenso regulatorio.
Fuentes: MIT Technology Review, Duane Morris, LifeSpan.io, NBC Montana
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