El estado estadounidense de Utah ha escalado su disputa de larga data con la plataforma de mercados de predicción Kalshi, presentando el miércoles 14 cargos criminales contra la empresa y sus dos co-fundadores, Tarek Mansour y Luana Lopes Lara. Los cargos incluyen una felonía de segundo grado por "patrón de actividad criminal ilegal", 12 felonías de tercer grado por "promoción de juegos en línea" y una clase A por "promoción general de juegos".
El caso representa una escalada significativa en la guerra regulatoria entre los estados estadounidenses y los mercados de predicción, y podría establecer jurisprudencia que resuene en toda la industria. Las acusaciones siguen a una investigación de varios meses que culminó con el investigador del Oficina del Procurador General de Utah, Scott Eggerman, creando una cuenta "encubierta" en Kalshi el 13 de septiembre de 2026, usando una dirección IP de Utah y una tarjeta de débito Visa, y logrando realizar múltiples apuestas en eventos deportivos.
El Procurador General de Utah, Derek Brown, republicano, dijo en un comunicado que "el juego es ilegal en Utah, ya sea que coloque la apuesta, organice el juego o lo promueva. Llamarlo un 'mercado de predicción' no cambia lo que es, y estar registrado federalmente no coloca a una empresa por encima de la ley". Brown añadió que "un tribunal federal ya determinó que las leyes de juego de Utah se aplican a Kalshi" y que la plataforma "continuó aceptando apuestas de los residentes de Utah a pesar de la decisión".
Kalshi respondió calificando los cargos de "exageración insensata" y acusando a Utah de "jugar con política". La empresa ha mantenido durante mucho tiempo que los mercados de predicción caen bajo jurisdicción federal exclusiva y no están sujetos a las leyes de juego estatales.
El caso se enmarca en una disputa más amplia sobre quién regula los mercados de predicción en Estados Unidos. En octubre, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) demandó a Utah para bloquear la aplicación de las leyes estatales contra Kalshi, argumentando que la plataforma es un mercado de contratos designados registrado ante la CFTC y por lo tanto opera por encima de la ley estatal. La CFTC ya demandó al menos 10 estados, incluyendo Utah, bajo la misma lógica.
Kalshi ha mantenido durante años que las apuestas deportivas negociadas en su plataforma no son juego sino un tipo de derivado financiero sujeto a la regulación federal de la CFTC, no a la supervisión estatal. Utah y varios otros estados discrepan, argumentando que los mercados de predicción como Kalshi están sujetos a las leyes de juego estatales y los impuestos asociados.
La batalla legal se ha expandido por aproximadamente 20 estados, creando un panorama regulatorio fragmentado que los analistas dicen que probablemente será resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos. Arizona se convirtió en el primer estado en presentar cargos criminales contra Kalshi a principios de este año, acusándola de operar un negocio de juego ilegal dentro de sus fronteras — un caso que un juez posteriormente puso en pausa. Nevada también tomó medidas, con un tribunal de apelaciones negándose a permitir que Kalshi reinicie el comercio de eventos deportivos y electorales en el estado.
El caso Utah-Kalshi ganó relevancia adicional en el contexto de la política federal. Bajo el presidente Donald Trump, la agencia federal responsable de regular los mercados financieros ha mostrado una postura más favorable hacia los mercados de predicción, con la CFTC expandiendo agresivamente su posición contra la regulación estatal. El mismo nombramiento de Rostin Behnam para liderar la CFTC reflejó ese cambio de enfoque hacia sectores previamente ignorados o tratados hostilmente por los reguladores estatales.
Según Benjamin Wolf, abogado especializado en derecho de apuestas deportivas, el enfoque de Utah representa un "cambio potencial de estrategia" por parte de los estados que previamente habían optado por acciones civiles contra los operadores de mercados de predicción. Los cargos criminales, con la posibilidad de prisión para los co-fundadores, elevan drásticamente el riesgo personal que los ejecutivos del sector enfrentan.
Para inversores y reguladores del sector de inteligencia artificial y mercados financieros, el caso Kalshi plantea preguntas fundamentales: si un mercado de predicción registrado federalmente puede ser procesado criminalmente por un estado, qué protección regulatoria existe realmente para las empresas que operan en estos mercados emergentes? La respuesta de la Corte Suprema será un hito regulatorio que definirá no solo el futuro de Kalshi, sino toda una clase de instrumentos financieros digitales.
Fuentes: Al Jazeera, The Guardian, CoinDesk
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