Hay una frontera sutil entre proteger la seguridad pública y convertir al Estado en una máquina de vigilancia. En los últimos años, esa frontera se ha ido moviendo en silencio en Estados Unidos, y uno de los puntos más delicados es la recolección de ADN. Lo que el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, y el ICE vienen haciendo no es solo una operación de aplicación de la ley — es la construcción de un archivo genético a escala de decenas de millones de personas, con consecuencias que van mucho más allá de un proceso judicial.
Las cifras son impresionantes. Según Wired, el ICE recolectó casi 1 millón de muestras de ADN en el último año, incluidas las de niños pequeños. Durante una inspección en mayo de 2026 en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en el sur de Texas, los oficiales de la agencia dijeron al Congreso que venían recolectando ADN de las familias detenidas en los tres meses anteriores. El DHS tiene amplia autoridad para recolectar ADN de personas bajo custodia, y ha venido aumentando esos esfuerzos. A eso se suma el FBI, que informó que el gobierno federal ha acumulado unos 27 millones de perfiles de ADN, recolectando casi 150.000 perfiles al mes — alrededor de 1,8 millones al año.
Para ponerlo en perspectiva, la base de datos CODIS, el sistema nacional utilizado para comparar perfiles genéticos, pasó de unos 2 millones de perfiles en 2004 a aproximadamente 14 millones una década después, hasta llegar a unos 27 millones en noviembre de 2025. Es un crecimiento exponencial, alimentado tanto por la expansión de las bases estatales como por el nuevo énfasis federal en la inmigración. Cuando una base crece a ese ritmo, deja de ser una herramienta de investigación y se convierte en un activo permanente de vigilancia.
El aspecto más perturbador es quién está siendo capturado. A las personas detenidas en protestas contra el propio ICE se les ha recolectado el ADN — legal, según una lectura técnica de la ley, pero éticamente cuestionable. La legislación que permite la recolección de detenidos se concibió, originalmente, para condenados por delitos graves; aplicarla a manifestantes y a familias que piden asilo expande el alcance del sistema mucho más allá de cualquier diseño original. Los niños pequeños, que no pueden consentir, entran en esa base de datos por una detención administrativa ligada a la inmigración, y los registros, una vez creados, rara vez se eliminan.
La discusión aquí no es acabar con la genética forense, que desempeña un papel legítimo en la resolución de delitos graves. La cuestión es de proporción y de finalidad. Cuando la recolección es automática, masiva y se aplica de forma desproporcionada a comunidades concretas, crea una vigilancia genética de segunda clase: un sector de la población queda permanentemente mapeado, mientras que otros permanecen invisibles. Eso plantea problemas de privacidad y de derechos digitales que las leyes actuales, diseñadas para otra época, apenas alcanzan a abordar.
La pregunta que queda abierta es de diseño institucional: ¿cómo construir un sistema forense que aproveche el ADN para proteger a las víctimas sin convertir al Estado en un recolector omnipresente de información biológica? Unos señalan la necesidad de límites legales estrictos, plazos de eliminación y control judicial; otros temen que, una vez normalizada la recolección masiva, revertirla sea casi imposible. El futuro del CODIS, y de bases similares, quizá dependa menos de la tecnología y más de una elección política: si queremos un Estado que guarda el ADN de millones, hay que decidir conscientemente que esa es la sociedad en la que queremos vivir.
Fuentes: Wired, NPR, NPR Illinois
✓ Fuentes independientes cruzadas y verificadas antes de la publicación
