Un tribunal de Nuevo México ha agravado esta semana la factura que Meta acumula en el estado. Sobre los 375 millones de dólares en sanciones civiles impuestas por un jurado en marzo, un juez ha ordenado ahora a la empresa pagar otros 567 millones, lo que sitúa el coste total del caso en cerca de mil millones de dólares. La decisión, segunda fase de un juicio emblemático contra la matriz de Facebook e Instagram, va más allá de la cuantía: el juez calificó a Meta de 'molestia pública' y comparó sus plataformas con fábricas contaminantes que envenenan la salud mental de niños y adolescentes. El dinero irá a un fondo de remediación y la sentencia impone, además, cambios obligatorios en el funcionamiento de las redes durante los próximos cinco años, incluidos límites de uso para menores.
El origen del caso está en la acusación de la fiscalía de Nuevo México, que sostiene que Meta diseñó deliberadamente funciones adictivas para captar a los más jóvenes. El estado afirmó que los algoritmos de recomendación, las notificaciones y los sistemas de recompensa social estaban pensados para mantener a los adolescentes conectados durante horas, alimentando ansiedad, depresión y problemas de imagen corporal. En la primera fase, el jurado consideró a la compañía responsable de vulnerar la ley estatal de prácticas comerciales desleales. En esta fase de remediación, el juez ha dirigido los fondos a programas de salud mental juvenil y ha ordenado que se refuercen las protecciones por defecto para los menores.
Lo más llamativo de la resolución es la doctrina jurídica empleada. La molestia pública (public nuisance) es un concepto del derecho anglosajón pensado para actividades que perturban un recurso compartido: una fábrica que contamina el aire o un local que genera ruido excesivo. Aplicarla a un servicio digital es una ampliación audaz que evita el problema de probar el daño individual. En lugar de demostrar que un niño concreto resultó perjudicado, el estado se apoya en el efecto agregado sobre toda la población y trata a la propia plataforma como el peligro. Es una teoría que Nuevo México ha ayudado a impulsar, pero sigue siendo controvertida, sobre todo porque argumentos similares han chocado con las protecciones de la Sección 230 y con la idea de que las plataformas solo alojan contenido generado por los usuarios.
Las consecuencias se extienden más allá de Meta. El mismo planteamiento se dirige ya contra TikTok, Snapchat y YouTube, partiendo de que una interfaz adictiva es una decisión de ingeniería y no un accidente. Si la doctrina de la molestia pública arraiga en otros estados, las tecnológicas se exponen al mismo tipo de responsabilidad colectiva que históricamente recayó sobre los fabricantes de tabaco o los contaminadores industriales. Eso reescribiría el cálculo de riesgos de gestionar una red social, abriendo la posibilidad de ser declarado un daño público que debe repararse y no solo multarse.
Para Meta, el golpe financiero inmediato es asumible frente a unos ingresos trimestrales de decenas de miles de millones, y la compañía ya ha anunciado su intención de recurrir. La novedad de la teoría le deja margen de maniobra en instancias superiores, donde la sentencia podría matizarse o revocarse. Pero la exposición real es creciente: cada estado que observe el éxito de Nuevo México puede convertirse en un nuevo frente, y los reguladores en Washington siguen el asunto de cerca. La pregunta es si el resto de plataformas rediseñarán voluntariamente sus productos para reducir el riesgo antes de que los tribunales les obliguen, o si esperarán a comprobar hasta dónde llega la doctrina de la molestia pública antes de tratar la salud mental infantil como un coste real de su negocio.
Fuentes: The Verge, Engadget, CNBC, CBS News, The Guardian
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