La Proposición 45, que los electores de California votarán en noviembre de 2026, fue presentada como una medida esencial para acelerar la construcción de infraestructura crítica —vivienda, escuelas, carreteras y plantas de energía limpia. Lo que no aparece en sus materiales de campaña es que su lenguaje técnico, diseñado para agilizar la revisión ambiental de grandes proyectos, podría tener un efecto colateral inesperado: permitir que los promotores de centros de datos eludan las barreras ambientales y locales que California ha levantado durante el último año.
La medida establece un plazo de 365 días útiles para que las agencias gubernamentales completen el Informe de Impacto Ambiental (EIR) de los proyectos elegibles y exige que cualquier disputa legal se resuelva dentro de los 270 días. La lógica de los defensores es sencilla: la burocracia lenta mata proyectos esenciales, y los plazos obligatorios fomentan la eficiencia. Pero para las comunidades que han luchado durante meses contra la instalación de centros de datos en sus distritos, lo que está en juego es mucho más práctico que teoría jurídica.
California aprobó un paquete de siete leyes en septiembre de 2026 específicamente para regular los centros de datos —exigiendo evaluaciones de impacto ambiental adicionales, nuevos cargos arancelarios para cubrir los costos de transmisión y distribución en la red eléctrica, y reglas de transparencia sobre el uso del agua. Todas entran en vigor el 1 de enero de 2027. Por su parte, los municipios ya habían aprobado 26 moratorias locales y prohibiciones contra la instalación de nuevas instalaciones. El paquete de leyes estatales y las restricciones municipales representan uno de los intentos más exhaustivos del país para frenar el crecimiento desregulado de los centros de datos.
Es en este contexto que la Proposición 45 se convierte en un posible punto de ruptura. La medida no menciona los centros de datos en su texto —y el Data Center Coalition, grupo industrial que apoya la medida, afirma en un comunicado que "no son elegibles" para ninguna de sus disposiciones. Pero la ley no necesita nombrar explícitamente un sector para que se beneficie indirectamente.
El núcleo del problema está en cómo la medida estructura su sistema de simplificación. Categoriza ocho tipos de proyecto considerados "esenciales" y elegibles para revisión acelerada, incluyendo vivienda de alta densidad, instalaciones educativas, transporte, agua, energía limpia y —crucialmente— "instalaciones de internet de banda ancha". También hay una cláusula que extiende el mismo tratamiento simplificado a "cualquier otra infraestructura necesaria para ponerlos en funcionamiento".
Según Julia Stein, directora adjunta del Instituto Emmett de Derecho Climático y Ambiental de la UCLA Law, esta cláusula ancillary es el mecanismo por el cual un centro de datos podría entrar. "La proposición designa una clase entera de proyectos sujetos a la simplificación y luego dice que los proyectos ancillares a esos proyectos —algo que podrías necesitar en el curso del desarrollo del proyecto elegible en sí— caería dentro de esa misma burbuja de simplificación", explicó al CalMatters. "Los proyectos de telecomunicaciones están explícitamente simplificados por la propuesta, y hay un argumento de que el desarrollo de centros de datos puede ser necesario para proyectos como ese."
La cuestión no es completamente nueva. El Sacramento Bee investigó la misma preocupación en agosto de 2026, cuando el experto legal Chris Micheli publicó un dictamen jurídico argumentando que la medida no se aplicaría a los centros de datos porque ninguno de los ocho tipos de proyecto listados corresponde a esa definición. Pero los opositores de la medida plantean un contra-argumento igual de sólido: el hecho de que la ley no prohíba explícitamente los centros de datos de la categoría de telecomunicaciones ancillares significa que los jueces pueden decidir caso por caso. Proyectos como el tren de alta velocidad, por ejemplo, fueron explícitamente excluidos de la simplificación —lo que sugiere que la omisión de los centros de datos fue deliberada, no accidental.
Además, la medida incluye una cláusula de supremacía que afirma que sus disposiciones prevalecen sobre "cualquier otras leyes relacionadas". Los oponentes argumentan que esto podría anular medidas como la SB 887, que exige evaluación de impacto ambiental específica para centros de datos, o moratorias municipales locales. Si un tribunal interpreta la cláusula de supremacía lo suficientemente amplia, el paquete de siete leyes que los legisladores estatales aprobaron en septiembre podría ser prácticamente desarmado antes incluso de entrar en vigor en enero de 2027.
Lo que hace esta situación particularmente irónica es que los propios promotores de la Proposición 45 están financiando pesadamente su campaña. Empresas de tecnología y servicios públicos —beneficiarios directos del auge de la computación de IA en California— están invirtiendo millones para que la medida pase, mientras que el Data Center Coalition, el mismo grupo, insiste en que la legislación no los afecta. Es un caso raro de lobby doble: el sector financiero de la tecnología quiere que la medida pase para acelerar proyectos inmobiliarios y energéticos, mientras que el sector de centros de datos intenta mantener que la medida no se aplica a ellos.
El resultado final será decidido en los tribunales, no en las urnas. California tiene una tradición de usar el CEQA como herramienta de protección ambiental durante más de 50 años, y la historia judicial de esta ley muestra que las interpretaciones amplias de "infraestructura esencial" ya fueron impugnadas con éxito por grupos ambientalistas antes. Pero el tiempo juega a favor de los desarrolladores —cada mes de incertidumbre jurídica retrasa las decisiones judiciales y permite que los proyectos avancen bajo reglas provisionales.
La pregunta que queda es si el paquete de leyes ambientales de centros de datos que los legisladores estatales aprobaron en septiembre representará la última palabra en la regulación del sector, o si será el primer capítulo de una batalla legal que se extenderá por años —y si California podrá mantener su posición como el estado con las reglas más estrictas del país contra la expansión descontrolada de centros de datos, o si acabará sirviendo como ejemplo de cómo una legislación bien intencionada puede ser minada por una cláusula técnica en otra propuesta completamente diferente.
Fuentes: The Verge, CalMatters, Los Angeles Times
✓ Fuentes independientes cruzadas y verificadas antes de la publicación
